BRASILIA, Brasil. Los senadores que decidirán si destituirán definitivamente a la presidenta Dilma Rousseff se encaminaban el martes a una larga noche de debate, ya que tantos de ellos querían hablar que el magistrado que preside el juicio político postergó la votación final hasta el miércoles.
Muchos de los 81 senadores se anotaron para hablar, por lo que el magistrado presidente Ricardo Lewandowski anunció que la votación no podría llevarse a cabo el martes como estaba planeado originalmente. Dijo que el juicio entraría en receso después de que todos los senadores concluyeran de hablar, y se reanudará el miércoles por la mañana.
Horas antes el martes, la fiscalía y la defensa dieron sus argumentos finales.
Janaina Paschoal, la principal fiscal en presentar la argumentación contra la primera mujer presidente de Brasil, dijo que ésta había violado normas administrativas al elaborar el presupuesto nacional.
“Esto no se trata de un pequeño problema de contabilidad, se trata de fraude”, dijo Paschoal. “No es solamente que la presidenta mintió. El fraude fue expresado, el fraude fue documentado”.
Al concluir su discurso unos minutos más tarde, a Paschoal se le salieron las lágrimas al expresar esperanzas de que Rousseff la perdone “por el sufrimiento que le he causado”.
El abogado de la mandataria, José Eduardo Cardozo, también se emocionó tras presentar su defensa y consideró que los comentarios de Paschoal entre lágrimas eran “insultantes”.
Los testimonios se presentaron en la fase final de una pugna política que ha consumido al país más grande de Latinoamérica desde que la propuesta de impugnar a la mandataria fue presentada en la Cámara de Diputados a fines del año pasado.
Para que Rousseff sea destituida definitivamente, cuando menos 54 de los 81 senadores tienen que votar a favor. Conteos efectuados por medios de comunicación locales encuentran que 52 senadores han dicho que planean votar por su destitución, mientras que 18 se oponen y 11 no han manifestado su posición al respecto. En mayo, la misma cámara votó 55-22 para suspenderla y hacerle un juicio político.
Los aliados de Rousseff han advertido que, si es destituida, llevarán el caso ante el Tribunal Supremo Federal, la máxima corte del país. Varias mociones en las que se solicitaban interdictos fueron interpuestas ante la corte a lo largo del proceso de juicio político, pero fracasaron.
Los senadores de oposición acusan a Rousseff de utilizar medios ilegales para ocultar agujeros en el presupuesto federal, y argumentan que ello exacerbó la recesión, la inflación y los despidos.
Rousseff, una ex guerrillera que fue torturada y encarcelada durante la dictadura del país, refuta las acusaciones, afirma que no violó ninguna ley y señala que presidentes anteriores emplearon técnicas contables similares.
El lunes presentó esa defensa ante el Senado, con los argumentos de que se vio obligada a tomar decisiones presupuestarias difíciles ante los menguantes ingresos y la negativa de sus rivales en el Congreso a trabajar con ella.
“Sé que seré juzgada, pero mi conciencia está limpia. No he cometido delito alguno”, declaró a los senadores en un discurso de 30 minutos.
Rousseff tuvo duras palabras para su vicepresidente, Michel Temer, que asumió el cargo cuando ella fue suspendida y terminará su período si el Senado la impugna definitivamente.
Lo llamó un “usurpador” que en mayo nombró un gabinete formado exclusivamente por hombres blancos en un país en el que más de 50% de la población no es de esa raza. El gabinete instalado por Temer ha recibido fuertes críticas por su falta de diversidad, y tres de sus ministros tuvieron que renunciar menos de un mes después de haber asumido el puesto al ser acusados de corrupción.
Rousseff dijo que el juicio político fue el precio que tuvo que pagar por rehusarse a suprimir una amplia investigación policial sobre sobornos millonarios en la compañía petrolera estatal Petrobras, y dijo que legisladores corruptos se confabularon para destituirla y descarrillar dicha pesquisa.
Debido a la investigación han ido a parar a la cárcel prominentes empresarios y políticos, algunos de ellos del Partido de los Trabajadores, al que pertenece la mandataria. Sin embargo, el asunto no para ahí: grupos independientes calculan que 60% de los 594 legisladores en ambas cámaras son investigados por irregularidades y muchos por corrupción relacionada con la pesquisa en Petrobras.
Rousseff dijo que era una “ironía de la historia” que gente acusada de crímenes graves la juzgara por delitos que no cometió.
Uno de los primeros oradores el martes, el quinto del juicio, fue el senador Fernando Collor de Mello, que renunció a la presidencia en 1992 después de enfrentar un juicio político en la Cámara de Diputados.
En esa época él fue acusado de corrupción. En la actualidad es uno de los legisladores que enfrentan acusaciones de corrupción por el escándalo en Petrobras.
“Esto es totalmente diferente”, dijo Collor, en una insinuación de que votará para que Rousseff sea destituida, y enumeró una lista de presuntos errores que la mandataria cometió en el puesto.
Collor dijo que él, no Rousseff, fue víctima de un “golpe”.
El Partido de los Trabajadores al que pertenece la presidenta suspendida fue un impulsor crucial de la remoción de Collor del poder
