SAN SALVADOR. Cuando salió de prisión hace tres años, Marvin Adaly Ramos Quintanilla, pareció dar un giro después de un historial de crimen y violencia en las pandillas.
Comenzó a trabajar como asesor de desarrollo comunal de la alcaldía de Ilopango, en la periferia de la capital salvadoreña, y también se hizo de un negocio de venta de autos usados importados de Estados Unidos. Se unió a una iglesia evangélica, en la que se congregaba regularmente e incluso estudió hasta graduarse como pastor.
Pero el 28 julio, Ramos fue detenido junto con varios cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha, declarada por Estados Unidos como una organización criminal trasnacional. Las autoridades también incautaron bienes, miles de dólares, cerraron negocios y congelaron cuentas bancarias, en lo que describieron como un golpe el corazón financiero de la MS 13.
Las autoridades sostienen que la nueva vida de Ramos era solo una fachada y que usó sus credenciales de pastor evangélico para entrar a las cárceles, donde se reunía con otros cabecillas de la pandilla con quienes planificaba actividades criminales.
Con la figura de pastor, dicen los fiscales, buscaba esconder su verdadero trabajo: ayudar a la Mara Salvatrucha a ejecutar sus operaciones en la calle y manejar sus finanzas en un momento en que, en medio de golpes de las autoridades, la pandilla ha avanzado en la diversificación de sus operaciones, lo que incluye ocultar dinero a través de empresas o negocios que funcionaban en una aparente legalidad.
Pero Ramos niega todas las acusaciones y trata de mostrarse como un hombre arrepentido, convertido por Jesús.
“No es cierto que yo sea el financista. No es cierto que yo haya ingresado a los penales. No es cierto”, alegó el pandillero cuando fue presentando ante el tribunal de justicia que lo está juzgando.
“Eso había quedado atrás”, respondió cuando se le preguntó sobre su relación con las pandillas.
Las autoridades presentaron como evidencia en su contra cientos de escuchas telefónicas que implican a Ramos, incluida una de enero en la que supuestamente ordenó el asesinato de tres pandilleros en la prisión de Izalco, en el oeste de El Salvador.
Se conocen pocos detalles de la vida de Ramos, incluyendo el significado de su apodo “Piwa”.
Los que lo conocen prefieren no hablar, porque —dicen— en este país las pandillas están por todos lados y te pueden matar por casi nada. El Salvador registró la mayor tasa de homicidios del año pasado para cualquier país que no está en guerra abierta. La Mara Salvatrucha es una de las pandillas con una amplia presencia en el país y acusadas de la espiral de violencia, junto con las rivales Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.
De acuerdo con un documento de identidad obtenido por The Associated Press, Ramos Quintanilla nació el 22 de mayo de 1980 en San Rafael Oriente, una pequeña ciudad a unos 125 kilómetros al sureste de la capital.
Tras el anuncio oficial del golpe a la finanzas de la Mara Salvatrucha, en una operación denominada “Jaque”, Ramos llevaba una camisa de vestir de manga larga que ocultaba los tatuajes en sus brazos, los cuales fueron visibles cuando se presentó a los medios el día después de su detención. Sonriendo, tomó la mayoría de las preguntas de los reporteros aunque dio respuestas recortadas.
Casi sin querer hablar, Ramos dijo a la AP que era de Soyapango, un barrio conocido por su peligrosidad al este de San Salvador, visto por algunos como un área de reclutamiento de la banda. Dijo que sus padres ya no radican ahí, pero no respondió cuando se le preguntó si todavía estaban vivos
Al parecer, como muchos jóvenes salvadoreños, Ramos se unió a la pandilla cuando apenas era un adolescente. En 2000 fue declarado culpable de homicidio agravado en grado de tentativa, condenado a 15 años y encerrado en una prisión de máxima seguridad en el municipio de Zacatecoluca, conocido como “Zacatraz”.
En el 2012 fue uno de cabecillas de las pandillas favorecidos con los beneficios de la tregua entre las pandillas que fueron trasladados a una prisión de mediana seguridad en ciudad Barrios y fue liberado en octubre de 2013.
Ramos se trasladó a la capital, donde viven su esposa e hijos y mantuvo un perfil bajo.
El alcalde del municipio de Ilopango, Salvador Ruano, confirmó a la AP que Ramos dirigió el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, financiado a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y que buscaba ayudar a los más vulnerable de las áreas urbanas del país, con énfasis en jóvenes y madres cabezas de familia.
Después de que dos pandillas rivales en Ilopango declararon la paz en 2013, los cabecillas que participaron en el acuerdo dieron una orden: “me traen a este señor Marvin para que pudiera trabajar en el proceso de lo que ellos denominaban tregua”, según Ruano.
La AP tuvo acceso a documentos oficiales de la alcaldía en los que se confirma que Ramos tenía el cargo de “asesor” en el Departamento de Desarrollo Ciudadano Municipal, desde noviembre de 2013 hasta que lo despidieron en mayo de 2016.
Ramos vivía con su esposa, una maestra de una escuela cristiana bilingüe, y sus dos hijos pequeños en La Miramonte, un barrio de clase trabajadora donde varios vecinos entrevistados por la AP dijeron que casi no lo conocían. Nadie respondió en la puerta de su casa y una mujer que vive en las proximidades dijo que no los había visto desde hacía un par de días y que al parecer se habían ido.
Asistían a la iglesia evangélica Nazareth, cuyo pastor se negó, a través de un intermediario, a conversar con la AP.
“Él no era nuestro pastor, solo se congregaba aquí”, dijo una mujer en la iglesia, quien habló con la condición de guardar el anonimato por temor a represalias de las pandillas. Dijo que la policía había ido a la zona desde la captura de Ramos y que decían que era la iglesia de la Mara Salvatrucha.
“Parecía buena persona. Había oído que había dejado las pandillas”, añadió.
De hecho, fue una organización sin fines de lucro, la Red de Pastores y Líderes para el Desarrollo Nacional Torre Fuerte, la que lo graduó como pastor y le extendió su credencial como Capellán Mayor en 2015 después de un año de estudio.
“Para mí, Marvin es una persona de espiritualidad y desde que lo conocí lo he visto como un hombre pegado al Señor”, dijo a la AP el pastor Nelson Valdez, quien dirige la también conocida como RED Torre Fuerte. Aseguró que no sabía que siguiera en las pandillas.
Tal vez lo único que hoy lo hace dudar es que se conducía en diferentes tipos de vehículos, algunos de ellos lujosos, pero dijo que en su momento no le dio importancia “porque vendía carros usados y de eso vivía”.
Ramos tenía dos armas registradas, una pistola y un fusil calibre 22. “Cuando lo capturaron andaba la pistola registrada y otra ilegal”, dijo el encargado de la RED.
Valdez, quien también es abogado y representa a la esposa de Ramos, dijo que ella no quería hablar con los medios de comunicación.
Las autoridades salvadoreñas dicen que apenas dos meses después de salir de prisión, Ramos consiguió certificados oficiales de no antecedentes penales, lo que le permitió tramitar permisos para portar armas de fuego. Los fiscales investigan si fue ayudado por algún funcionario del gobierno.
También se investiga cómo logró el permiso para visitar las cárceles, a pesar de que hay restricciones para los miembros de las pandillas.
“Estamos investigando”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.
La Fiscalía presentó el documento que le permitían a Ramos ingresar a las cárceles, aunque él rechazó todo. “Mi trabajo ha estado en las comunidades”, dijo.
Según las investigaciones, Ramos era el financista de la Mara Salvatrucha, responsable de administrar el dinero producto de las extorsiones y los ingresos de la venta de droga y otros ilícitos.
Por medio de testaferros, la Mara Salvatrucha manejaba varios hoteles de paso, restaurantes, cervecerías populares, strip clubs, importadoras de vehículos, talleres mecánicos, empresas del transporte colectivo y de moto taxis, taxis piratas, y hasta una casa de citas ubicada en una zona exclusiva de la capital.
Ramos está acusado de haber sido la figura clave en una nueva estructura corporativa conocida como “La Federación”, que controla las operaciones junto a la llamada “Ranfla”, como se conoce al grupo tradicional de líderes.
“Los miembros de ‘La Federación’ son cabecillas en libertad, mientras que los de La Ranfla son cabecillas presos”, explicó el jefe del ministerio Público, Douglas Meléndez
